¿Por qué ha tardado tanto tiempo en reaccionar el Gobierno Federal?
En diciembre del año pasado, de acuerdo con la Gaceta Parlamentario del Senado de la República, el Senador Rubén Zarazúa, presentó una iniciativa para reformar unos artículos del Código Penal Federal, que simple y llanamente posibilitarían a los ejidatarios el desmonte de sus terrenos para dedicarlos a las actividades agrícolas.
De entrada, la actual Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, vigente a partir del 2003, señala en su Artículo 117 que solamente se autorizará el cambio del uso del suelo en terrenos forestales si se demuestra que "no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos que se propongan sean más productivos a largo plazo". Aquí está claro que se requiere que un organismo colegiado analice una solicitud formal por parte del productor y que ésta cuente con respaldo técnico.
Por su parte, el Código Penal en su Articulo 418 señala las penas a que se harían acreedores quienes realicen el cambio de uso del suelo de manera ilegal; sin embargo, de aprobarse las modificaciones que propone el Senador, dejarían abierta la posibilidad de talas encubiertas, con el argumento de un mejor aprovechamiento del suelo; la parte sustancial del artículo señalado quedaría así:
Fracción I.- Desmonte o destruya la vegetación natural; corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, salvo que dichas actividades sean indispensables para la explotación agrícola de tierras ejidales.
¿Qué significa esto? Nada, solamente que los ejidatarios podrían tirar los árboles si quiere sembrar otra cosa, así, sin mayor trámite y argumentando solamente que ese bosque no le sirve y que requiere dedicarlo a otras cosas, en un clarísimo retroceso del marco legal en materia de protección forestal. ¿Sabrá el Senador que el bosque también es negocio si se le da un manejo adecuado?
Apenas venimos saliendo de procesos e instituciones como la Comisión Nacional de Desmontes y hay quienes con afanes electoreros quieren regresarnos para allá.
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